¿Qué hacemos?

Para contribuir a mejorar la formación, asegurar la propiedad de la tierra, el acceso al crédito y a canales de y comercialización en Justicia Alimentaria estamos reforzando el asociacionismo de los campesinos y campesinas, estas formas de organización mejoran el control que los y las campesinas tienen sobre toda la cadena de valor de sus producciones y les permite obtener un valor añadido, para que sus ingresos sean suficientes para acceder a los servicios básicos y mejorar su posición familiar.

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El campo Congolés

Las problemáticas específicas del campesinado se centran en la inseguridad alimentaria, los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra y la dificultad de acceso a los recursos productivos (semillas, agua, crédito etc). La corrupción instalada en los poderes públicos está permitiendo la entrada masiva de multinacionales, compañías mineras e inversores que representan una gran amenaza para una población en la que el 70% vive del sector primario (agricultura, ganadería, pesca y explotación silvícola).

La producción agrícola y ganadera es eminentemente agroecológica pues no se utilizan factores de producción externos como abonos químicos o fitosanitarios, esto provoca una situación de equívoco generalizado al considerar que un cambio de modelo productivo hacia la intensificación puede contribuir a una mejora de la seguridad alimentaria, sin visualizar que provocaría la obligación del incremento de la superficie cultivada por unidad familiar y por tanto un éxodo del campo a la ciudad, así como una dependencia externa y bajada generalizada de los márgenes económicos, aunque se diese un incremento de los productivos.

Elaboración de políticas públicas de desarrollo

La debilidad del estado lo hace vulnerable a la influencia de los grupos de poder en las iniciativas de elaboración de políticas así como de cambios legislativos que puedan afectar la propiedad de la tierra, pecuaria, pesca etc. Esta situación supone a la vez un riesgo y una oportunidad para las organizaciones campesinas que están haciendo un gran esfuerzo para influir en estos procesos para que las nuevas políticas aseguren la soberanía alimentaria y unos modelos de producción sostenibles.

La revisión de la (ya aprobada) ley que define los principios fundamentales del sector agrícola (Loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole) será de suma importancia ya que regulará la propiedad de la tierra y tendrá, por tanto , una enorme influencia sobre el futuro de las familias productoras, que acceden a ella a través del derecho de costumbre tan enraizado en el país.

En este contexto, estamos apoyando a las organizaciones campesinas que han intervenido en la discusión del Código Agrícola , ayudando en el proceso de reflexión y de presión política que se puso en marcha en Kinshasa durante más de un año de discusión. El redactado final contiene aspectos muy satisfactorios que fueron incluidos en la ley debido a la acción realizada por el lobby de organizaciones campesinas que apoyamos.

El asociacionismo permite a las comunidades campesinas encontrar el valor añadido

El sistema mayoritario de producción agropecuaria y pesquera, se basa en pequeñas superficies orientadas a la subsistencia, con pocos excedentes que son frecuentemente transformados de forma artesanal y comercializada en mercados locales a través de circuitos cortos. Curiosamente estas unidades productivas son en muchas zonas del país el paradigma de la producción agroecológica y del bajo uso de insumos por unidad producida, así pues el problema fundamental reside en cómo pasar de la autosuficiencia hacia la producción de excedentes sin perder el principio de agricultura sostenible en ello.

Para contribuir a mejorar su formación, asegurar la propiedad de la tierra, el acceso al crédito y a canales de y comercialización en VSF estamos reforzando el asociacionismo de los campesinos y campesinas, estas formas de organización mejoran el control que los y las campesinas tienen sobre toda la cadena de valor de sus producciones y les permite obtener un valor añadido, para que sus ingresos sean suficientes para acceder a los servicios básicos y mejorar su posición familiar.